Las empresas deberán pagar las cotizaciones sociales en los ERE a mayores de 55 años

La Seguridad Social refuerza la obligación de las empresas de pagar la cotización de los trabajadores mayores de 55 años despedidos en las regulaciones de empleo, según adelanta EXPANSIÓN en su edición impresa. Trabajo espera recaudar 7,5 millones de euros al año.

La Seguridad Social ha decidido reforzar la obligación de las empresas de suscribir y pagar los convenios especiales que deben hacer con la Seguridad Social en los despidos colectivos. El objetivo de estos acuerdos es que las compañías complementen realmente las cotizaciones de los trabajadores mayores de 55 años hasta la edad de jubilación anticipada, con el fin de que no pierdan una cuantía sustancial de la pensión posterior. Es decir, hasta los 61 años cuando el despido colectivo sea por causas económicas e involuntaria, ó 63 años, por otras razones.

Con esta medida, la Seguridad Social espera aumentar un 10% el número de convenioshasta elevar la recaudación por cotizaciones sociales en 7,5 millones de euros. Así se recoge en un proyecto de Orden Ministerial, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sobre el convenio especial en el sistema de Seguridad Social, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

También es una nueva propuesta que encarecerá más los costes laborales de las empresas, y que se suma a las que ya están vigor como las siguientes: el aumento en un 7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social; la subida del 36% al 40% de las cotizaciones de los contratos que duran menos de cinco días o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales.

En este sentido, en la Orden Ministerial, la Seguridad Social ha decidido prescindir del empresario de la suscripción del convenio especial, aunque, como hasta ahora, será él -la compañía- la que tenga que ingresar la totalidad de las cotizaciones para su financiación.

El Ejecutivo toma esta iniciativa porque dice la orden que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social «han evidenciado reiterados incumplimientos de los empresarios de su obligación de suscribir este tipo de convenios». Por lo tanto, «han producido un claro perjuicio a los trabajadores afectados» porque, hasta ahora, la obligación de cotizar de la empresa por esta razón está condicionada a que la compañía suscriba el convenio. Por lo tanto, si no lo suscribe no existe la obligación legal. Ahora, con la Orden, la empresa tendrá que pagar el convenio íntegramente.

El Defensor del Pueblo

De hecho, el Defensor del Pueblo ya formuló al Gobierno anterior una queja en este sentido. Protesta que ha reiterado a la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. La institución, que preside Francisco Fernández Marugán, informa de que «la Tesorería General de la Seguridad Social le ha indicado que, con la normativa actualmente vigente, no puede proceder a dar el alta de oficio a los trabajadores afectados, ni a sustituir la voluntad de la empresa en la suscripción del convenio, dada la dinámica misma de la figura del convenio especial, fórmula elegida legalmente para dar cobertura a los derechos de los trabajadores en estos supuestos. Para ello, requiere la previa conformidad de las partes implicadas», la empresa y los trabajadores.

Incluso el Defensor del Pueblo alega que «la imposición de sanciones económicas a los empresarios infractores no resulta una medida suficientemente disuasoria para la firma del convenio especial». En su grado máximo, la multa puede elevarse a 187.515 euros por trabajador sobre el que la empresa haya incumplido el convenio. Multa que «tampoco supone un resarcimiento económico para los interesados [los trabajadores], cuyos derechos se ven mermados por la falta de su obligada suscripción y abono de cuotas destinadas a su financiación.

Por lo tanto, el Gobierno, en la modificación de la Orden Ministerial excluye, o «sustituye», la voluntad del empresario por un acuerdo directo entre el trabajador y la Tesorería de la Seguridad Social. Eso sí, la administración «dará traslado de una copia del acuerdo al empresario junto con la notificación del importe total de las cuotas que debe ingresar [a la Seguridad Social] a su exclusivo cargo».

Pago fraccionado

No obstante, el empresario podrá optar, por realizar un pago de las cotizaciones de todos los trabajadores incluidos en el despido colectivo. O, por solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social el fraccionamiento del abono «en tantas anualidades como años le falte al trabajador o trabajadores para cumplir, según la forma de salir de la empresa, los 61 o los 63 años». Es decir, con un máximo de seis u ocho años, respectivamente.

La Orden Ministerial también endurece las sanciones a los empresarios. En lugar de una cuantía fija, que puede ir hasta los 178.515 euros por la sanción máxima, a partir de ahora, las deudas de la compañía con la Seguridad social por incumplimiento de convenio puede tener recargos de hasta el 35% de la cantiad adeudada, aumentada con los intereses de demora. Este se compone del tipo de interés legal, que este año es del 3%, más un incremento del 25%. Todo ello, en aplicación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Según el Departamento de Magdalena Valerio, actualmente hay 7.745 afiliados a la Seguridad Social, que tienen suscrito un convenio especial por despido en expedientes de regulación de empleo que incluyen a trabajadores mayores de 55 años o más años. Los empresarios cotizan por estas personas una base media de 3.033, 37 euros al mes.

La Seguridad Social estima que el reforzamiento de la obligación de los empresarios producirá a corto plazo un incremento del 10% en el número de los convenios, lo que aumentará la recaudación por cotizaciones sociales del sistema de protección en 7,5 millones de euros al año.

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Despido improcedente

El martes 5 de febrero se iba a celebrar el juicio por el despido disciplinario de nuestro compañero Antonio.  El día anterior la empresa reconoció la improcedencia del despido y la reclamación económica del trabajador.

La dirección de la empresa conoce perfectamente las complicadas circunstancias a las que se enfrentan nuestros compañeros de Servicio Exterior y lo complicado que resulta sacar su trabajo adelante: solucionar errores, responder a las peticiones de información de sus responsables y otros trabajadores, cumplir los plazos, largas jornadas laborales, la responsabilidad de cumplir con todas las normas de seguridad y todo esto, dando la cara ante el cliente con la responsabilidad que conlleva ser la imagen visible de nuestra empresa.

Con todo esto nuestro compañero siempre ha defendido la injusticia de su despido y la falta de proporcionalidad de su sanción en comparación con otras sanciones aplicadas en circunstancias parecidas o incluso de mayor gravedad. Antonio dejó claro desde el primer momento que solo aceptaría un acuerdo en el que se reconociera la improcedencia de su despido.

Antonio nos ha pedido que hagamos llegar su agradecimiento a todos los compañeros con los que ha compartido estos años de trabajo y de los que sin duda se lleva un buen recuerdo y en especial a todos aquellos que le han transmitido su apoyo y cariño en estos últimos meses.

 

Ocho murcianos entre los 200 más ricos de España

Acumulan un patrimonio de 6.880 M€, aunque apenas una séptima parte de la fortuna de Amancio Ortega

Ocho familias murcianas acumulan un patrimonio de 6.880 millones de euros y se encuentran entre los ‘señalados’ en la XIII edición del monográfico ‘Los 200 más ricos de España’ publicado por El Mundo. Aún siendo mucho, sus fortunas acumuladas apenas son una séptima parte del patrimonio de Amancio Ortega –el más rico del país- con 50.400 M€, aunque durante el año pasado perdió 17.000 millones por la caída del valor de las acciones de Inditex.

A Ortega le siguen en el ‘top five’ las familias de Rafael del Pino (Ferrovial, 7.650 M€), Juan Roig (Mercadona, 7.050 millones), Sol Daurella (Coca Cola, 6.300 M€) y Francisco y Jon Riberas (Corporación Gestamp, 5.900 millones).

Es preciso llegar al undécimo puesto para encontrar a un murciano. Es el promotor de galerías comerciales Tomás Olivo, a quien se le calcula un patrimonio de 2.850 millones. Tras el cartagenero, en el lugar 38 está la familia Fuertes (ElPozo), con 1.390 millones. Encarna Piñero y familia, propietarios de Soltur, poseen un patrimonio valorado en 730 millones, lo que les sitúa en el puesto 75.

La familia de Francisco Motoro (GMP), en el puesto 76, acumula una fortuna de 730 millones. Otra familia murciana es la Vivancos (ex Mivisa), en el puesto 128 con 370 millones. Les sigue el cartagenero Eugenio Galdón (ex Ono), con 310 millones en el puesto 159; y la familia Restoy (Grupo Zamora, Licor 43), con 270 millones en el puesto 181.

Por último, entre las 200 mayores fortunas también se encuentra José García-Carrión (García Carrión), con 230 millones de euros en el puesto 197.

 

Otros empresarios de la Región en lugares destacados son Santos Montoro(Monthisa), 180 M€; Trinitario Casanova (Baraka), 150 millones; Manuel Torres(MTorres), 120 M€; Familia Conesa (Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo), 110 millones; Familia Orenes (Grupo Orenes), 110 millones; y Familia Huertas (Huertas Automoción), con un patrimonio valorado en 105 millones de euros.

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Información actualización salarial

Ayer, 24 de enero de 2019, en la reunión de presentación del Comité con la Empresa, se nos trasladó información de las actualizaciones salariales que a continuación indicamos:

La Sección Sindical de ELA queda fuera del Comité de Seguridad y Salud.

La coalición CCOO-CITE continúa con su estrategia de dejar a la Sección Sindical de ELA (la lista más votada) fuera de los cargos de representación de los trabajadores y del comité de empresa.

El pasado martes 22 de enero, se reunió el Comité de Empresa para elegir a los tres Delegados de Prevención que son los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

La Sección Sindical de ELA propuso una fórmula de consenso, en la que cada grupo del Comité de Empresa tuviera un representante dentro del Comité de Seguridad y Salud (CSyS). El CSyS es un órgano paritario de gran importancia para garantizar la seguridad y la prevención de riesgos en nuestra empresa.

Tras una tensa reunión CCOO-CITE aprovecharon su mayoría para sacar adelante la propuesta de CCOO que consistía en que los tres puestos de delegados de prevención fueran ocupados por dos miembros de CCOO y uno de CITE.
De esta manera dejan fuera de este importante grupo de trabajo a la lista más votada en las últimas elecciones con ciento cincuenta votos. Nos gustaría resaltar que en el anterior periodo de cuatro años CCOO  tuvo por consenso un Delegado de Prevención con solo quince votos.

De esta manera los Delegados de Prevención son:

Jose Diego Mártinez (CCOO)
Enrique Torres (CCOO)
Javier Victoria (CITE)

CCOO-CITE y un departamento de prevención cada vez más involucrado en el Comité de Empresa, no han dudado en intentar  dificultar el trabajo del único grupo que los últimos años ha tenido que defender en solitario a los trabajadores en los momentos de mayor discrepancia dentro del CSyS.

La Sección Sindical de ELA asume la gran importancia de la seguridad y salud en el trabajo y pese a las dificultades añadidas por no tener un Delegado de prevención, seguirá trabajando en este aspecto por mejorar la seguridad de toda la plantilla.

Atrasos 2018 y actualización tablas salariales 2018 y 2019

Tras la firma del acuerdo del Convenio del Metal de Navarra y publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadistica) el IPC de 2018 (1,2%) estos son los atrasos de 2018 y la actualización de las tablas de 2019.

Para ello hemos aplicado el 2% (IPC 2017 1,1% + 0,9% del convenio del metal) en 2018 y el 1,7% (IPC2018 1,2% + 0,5% del convenio del metal) para las tablas del 2019.

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Reunión de constitución del nuevo Comité de Empresa.

La coalición CITE-CCOO dejan fuera de los puestos de representación del Comité de Empresa a la Sección Sindical de ELA (la lista más votada).

Ayer, miércoles 16 de enero y convocados por la Sección Sindical de ELA, se reunieron los miembros del Comité de Empresa recientemente elegidos en las últimas elecciones sindicales para elegir al Presidente y Secretario del Comité de Empresa.
A la reunión acudieron ELA (5 miembros y su Delegado Sindical), CCOO (5 miembros) y CITE (3 miembros).

La Sección Sindical de ELA propuso que tal y como se hizo en el periodo anterior, fueran las dos listas más votadas las que se alternaran en los puestos de Presidente y Secretario durante periodos de dos años hasta completar los cuatro años.
Esta opción fue rechazada por CCOO y CITE que ya habían acordado con anterioridad a la reunión repartirse ambos puestos.
De esta manera y con los votos de CITE-CCOO fueron elegidos el Presidente y el Secretario del Comité de Empresa:

  • Presidente: Carlos Ibáñez (CCOO)
  • Secretario:   Javier Victoria (CITE)


Cuenta de resultados 2017

La semana pasada recibimos de nuestros asesores económicos del sindicato, el análisis de la cuenta de resultados del 2017, con los datos públicos recogidos en el registro mercantil.
Aquí tenéis un breve resumen del análisis:


(€) 2017 2016 2015 2014 2013
INGRESOS 121.836.305 134.169.936 121.305.511 105.283.081 100.046.600
Resultado Explotación 9.322.224 15.679.329 10.570.481 9.944.630 11.271.240
Resultado Final 6.800.000 9.539.645 10.066.066 9.218.378 9.163.760
Plantilla media 613 607 554 521 478

Gasto relativo sobre los ingresos

(%) 2017 2016 2015 2014 2013
Aprovisionamientos 41% 46% 46% 44% 43%
Otros gastos 18% 13% 17% 16% 15%
Gastos personal 31% 27% 27% 29% 27%
Amortizaciones 2,1% 1,9% 1,9% 2,2% 2,2%

Las remuneraciones en concepto de sueldos y salarios percibidas por la alta dirección han sido 1.128.013€ en el 2017 y 865.454. en el 2016.
En 2017, el sueldo bruto medio de cada trabajador ha sido de 47.500€ (en esta media se incluyen todos los salarios, incluidos los de la dirección). El incremento de los sueldos de 2017 en un punto supondría para la empresa un coste adicional estimado de 379.500€.

La sociedad reparte dividendos:

  • 2012 — 2,5 millones de euros.
  • 2013 — 2,5 millones de euros.
  • 2014 — 2,5 millones de euros.
  • 2015 — 3 millones de euros.
  • 2016 — 15 millones de euros.
  • 2017 — 1,2 millones de euros
2017 2016 2015 2014
Ventas 119.465.703 133.453.069 120.303.826 104.704.415
BAI 8.493.094 11.549.658 11.311.260 11.461.636
Margen beneficios 7,11% 8,65% 9,40% 10,90%


Como conclusión, decir que la situación económica de la compañía es excelente a 31 de diciembre de 2017. Esta sociedad obtiene resultados (EBIT, cash-flow, EBITDA y beneficio final) muy favorables y positivos que indican una alta rentabilidad de la actividad realizada. En cuanto a la situación financiera, la sociedad tiene fondos propios muy importantes, un endeudamiento bajo, y dispone de un balance equilibrado; además, es solvente por lo que no tiene de problemas de liquidez para afrontar los pagos a corto plazo. Decir que la empresa reparte dividendos a su accionista en todos los ejercicios analizados.

Los padres tienen una semana más de paternidad desde hoy

Podrán beneficiarse de esta semana adicional aquellos progenitores cuyos hijos nazcan a partir de ahora La decisión es consecuencia del acuerdo de investidura entre PP y Cs.

Los padres españoles que tengan un hijo a partir de este jueves 5 de julio podrán disfrutar de una semana más de permiso de paternidad, cinco en total, un incremento contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se publicaron ayer, 4 de julio en el BOE y entrarán en vigor hoy, según informaron Europa Press fuentes gubernamentales. Podrán beneficiarse de esta semana adicional aquellos progenitores cuyos hijos nazcan desde hoy en adelante, pero no los que hayan sido padres antes de esta fecha, aunque el alumbramiento haya tenido lugar en el año 2018, según precisó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La decisión de ampliar una semana este año la duración del permiso de los padres para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él se pedía un aumento inicial, para 2017, para que los padres tuvieran una baja de cuatro semanas por el nacimiento de un hijo. Este periodo debía ser ampliado a razón de una semana por año, de manera que ahora este permiso llega a las cinco semanas.

Además, gracias a una enmienda pactada por Unidos Podemos y PP, los PGE incorporan otra novedad con respecto a estos permisos: la posibilidad de que los funcionarios públicos que tengan un hijo puedan cogerse las cinco semanas de permiso sin la obligación de hacerlo de forma simultánea a la madre.

De esta forma, podrán disfrutar de su baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo total de ambos progenitores a 21 semanas.

Un presupuesto mayor

La ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas así como el incremento del número de beneficiarios, ha motivado en los Presupuestos de este año un aumento de un 4,5% hasta los 2.559 millones de euros en el conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo.

16 semanas cada uno

La propuesta de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), la impulsora de esta ley, es de 16 semanas para cada progenitor: dos a partir del nacimiento y las otras 14 dentro del primer año, pudiendo tomarse estas de forma no simultánea para extender el periodo de cuidado de bebé.

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