Sección Sindical de ELA en M.Torres

En una entrevista con EXPANSIÓN, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, señala que el establecimiento de un registro horario «me parece imprescindible para poder evitar los abusos, sobre todo en la contratación a tiempo parcial». Respecto a Iberia y el Brexit, la ministra señala que «desde el Gobierno tenemos la convicción de que Iberia adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad».

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), que acaba de presentar un ambicioso proyecto de 60 medidas destinadas a configurar una «hoja de ruta» que defina «como queremos que sea nuestro país» en los próximos años, es optimista sobre la evolución de la economía española en un contexto de desaceleración generalizada en Europa. Subraya que sería una «lástima» que los presupuestos no sean aprobados, convencida como está de que traerían mayor «estabilidad financiera» de cara a los mercados internacionales al tiempo que refuerzan las «políticas sociales». No ha perdido la esperanza y, pese a las dificultades, todavía confía en que el Congreso permita la tramitación de los Presupuestos la próxima semana.

Pregunta– La Comisión ha rebajado sensiblemente sus previsiones de crecimiento para la eurozona. ¿Le preocupa el efecto contagio a España?

Respuesta– Desde que llegamos al Gobierno hemos estado señalando que las mayores incertidumbres para nuestro crecimiento económico venían de fuera, que el entorno internacional iba a jugar un papel importante, sobre todo ahora que tenemos una economía mucho más internacionalizada y por lo tanto, no podemos sustraernos de los desarrollos que se produzcan a nuestro alrededor. Nuestros principales mercados son los europeos, y por tanto lo que suceda con las economías europeas no es indiferente, tiene un impacto sobre nuestra economía que ya habíamos integrado en las previsiones de crecimiento para este año. Es interesante que todos los análisis apuntan a que el crecimiento económico se ralentizó en la mayoría de las economías europeas en el cuarto trimestre de 2018 mientras que en España fue una aceleración lo que observamos en ese mismo periodo. El crecimiento diferencial de España sobre el resto de la Unión se ha acrecentado.

P– ¿Qué sensación tiene de los indicadores que se van conociendo en el inicio de año, incluida la fuerte destrucción de empleo en enero? ¿Sigue percibiendo esa aceleración de la actividad, habida cuenta la recesión en la que ha entrado Italia y el fuerte frenazo de Alemania?

R– Desde que he llegado al Ministerio he estado muy atenta a los indicadores económicos que, como he dicho en público cada vez que se me preguntó, no permitían ver una evolución clara en los primeros meses. Todo este tiempo hemos sido muy prudentes hasta que ya vimos con claridad que el cuarto trimestre estaba siendo muy positivo y lo normal es que ese dinamismo se mantenga en esta primera parte de 2019. Estamos todavía muy al principio de año, sería muy arriesgado llegar a conclusiones sobre la base de un solo mes. La evolución del mercado laboral no ha sido atípica de lo que suele suceder en los meses de enero, que suelen ser malos, evidentemente por la estacionalidad una vez que termina la campaña de Navidad.

P– Pero este enero ha sido particularmente malo.

R– No ha sido particularmente malo. Si miramos las cifras de afiliados asalariados, la caída en enero ha sido del 1,1% este año, alineada con las de los tres años anteriores. En términos interanuales, las cifras se mantienen en un aumento de la ocupación próximo al 3% y una reducción del desempleo del 5,5%-6%. Es decir, que una vez que eliminamos la estacionalidad, en términos interanuales las magnitudes no son muy distintas de lo que hemos estado viendo en la segunda parte de 2018.

P– ¿No preocupa entonces que podamos estar ante un punto de inflexión a peor en el mercado laboral?

R– Un solo mes no nos puede llevar a conclusiones apresuradas. Es cierto que este año todo apunta a una moderación del crecimiento del PIB y, por tanto, a una progresiva desaceleración en la creación de empleo, que ha sido tan significativa el año pasado. Pero las cifras que estamos manejando siguen siendo muy importantes.

P– ¿Comparte los análisis de que la subida del salario mínimo dañará el empleo?

R- Nosotros francamente no lo vemos. El aumento del salario mínimo interprofesional se anunció en octubre, se adoptó en diciembre, y el cuarto trimestre de 2018 fue particularmente potente en creación de empleo indefinido.

P- Pero todos los analistas, privados y públicos, incluido el Banco de España que ha sido muy explícito, subrayan que esa subida se va a cobrar puestos de trabajo.

R- El impacto del salario mínimo no se puede analizar sólo desde el punto de vista de su efecto en los costes laborales. Hay que tener en cuenta que la subida supone también un aumento de la renta disponible de las familias y que, además, esta decisión se acompaña de un conjunto de medidas, como el plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo de las políticas activas de empleo y otras medidas para apoyar a los parados de larga duración. Es decir, que estas medidas no se pueden ver de manera aislada. Nuestra previsión es que el impacto del conjunto de medidas que tenemos contempladas será neutro sobre la creación de empleo

P– A los empresarios les preocupa una contrarreforma laboral que cambie las reglas del juego que han permitido crear tres millones de empleos en cinco años.

R- Como ha señalado el presidente en numerosas ocasiones, no se trata de una contrarreforma laboral como tal sino de corregir los aspectos más lesivos que ha habido en la reforma laboral de 2012. Estamos hablando de asuntos como el establecimiento de un registro horario, que me parece imprescindible para poder evitar los abusos sobre todo en la contratación a tiempo parcial, estamos hablando del régimen de subcontratas… Existe bastante consenso sobre que algunos aspectos pueden haber sido excesivos y hay que corregirlos. Más que hablar de reformas y de contrarreformas, lo realmente importante es empezar a trabajar con los agentes sociales en la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

P-¿Y en la negociación colectiva, se mantendrá la primacía del convenio de empresa o se volverá al pasado, primando el ámbito sectorial?

R- Eso es un tema que se está discutiendo actualmente en el Parlamento.

P-¿Cómo enfoca el Gobierno las numerosas medidas incluidas en la llamada agenda del cambio que usted acaba de presentar?

R- Desde que llegamos al Gobierno hemos estructurado la política económica en tres ejes fundamentales. Primero, disciplina fiscal, estabilidad económica y financiera; segundo eje, tratar de atajar los problemas sociales y reducir la desigualdad y en tercer lugar una serie de reformas de medio plazo para establecer las bases de un crecimiento sostenible desde el punto de vista financiero, social y medioambiental. Éste es el contexto que hemos ido desarrollando y plasmando en distintas actuaciones. Este tercer eje es el que se concreta en esta hoja de ruta que hemos ido siguiendo desde el principio, que es la agenda del cambio; viendo cuáles son las reformas que tenemos que poner en marcha ya en esta legislatura si queremos sentar las bases de un desarrollo más sostenible. Después de años en los que ha habido una enorme inercia en la política económica y que ha habido menos impulso reformista, lo que queremos es encauzar todas las actuaciones de los distintos ministerios del área económica en seis ámbitos de atención fundamentales: Reforzar la formación, el capital humano; apoyar la transformación tecnológica, científica y digital de nuestra economía; apoyar también la transición ecológica derivada del cambio climático, apostar por un mercado laboral eficiente y justo; reducir la desigualdad y proteger el Estado del Bienestar y; en último lugar, avanzar hacia una Administración más eficiente y al servicio de la ciudadanía. Éstos son los seis ámbitos en los que hemos ido articulando medidas en los distintos departamentos. Es un conjunto de actuaciones que interactúan, no se trata de medidas aisladas.

P-¿Cuáles son las prioridades más inmediatas?

R- El objetivo es definir cómo queremos que sea nuestro país en 2025 o 2030 y, con esa visión de medio plazo, teniendo en cuenta el diagnóstico de los desequilibrios heredados y los retos de futuro, que son cada vez más de presente, queremos ver qué reformas tenemos que poner en marcha en esta legislatura. Es un conjunto de más de 60 medidas, algunas ya las hemos empezado a poner en marcha en 2018, otras están incluidas en los Presupuestos y otras las vamos a ir poniendo en marcha hasta el final de la legislatura.

P– ¿Se ve el Gobierno con apoyos políticos para sacarlo adelante?

R- Yo confío en que los objetivos que tiene el Gobierno de avanzar hacia una economía en la que se erradique la pobreza extrema infantil, que reduzca la tasa de paro estructural y la alinee con la media de la UE, que refuerce los niveles educativos de nuestros jóvenes, que reduzca sustancialmente la brecha de género…, esos objetivos son compartidos por la inmensa mayoría de la población y creo que vamos a contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para ir llevando a cabo estas reformas. Unos apoyarán de una manera, otros de otra, pero el conjunto de medidas responde a lo que es el consenso de lo que necesita nuestro país. No estamos siguiendo una hoja de ruta que sea heterodoxa, estamos básicamente respondiendo a las recomendaciones que nos han venido haciendo los organismos internacionales. El jueves pasado he estado con el comisario Jirky Katainen en un acto en el que dijo que en su opinión en el futuro Europa tendría que centrarse en cinco ámbitos, y tres de ellos -economía circular, cambio climático e inteligencia artificial- están contemplados en nuestra hoja de ruta.

P– ¿Qué pasará si el próximo día 13 prosperan las enmiendas a la totalidad y definitivamente no se pueden aprobar los presupuestos?

R- Yo sigo manteniendo que el proyecto de Presupuestos es una propuesta muy equilibrada desde el punto de vista de la disciplina fiscal, con una ambiciosa reducción del déficit y de la deuda pública compatible con el refuerzo de las políticas sociales. Por tanto, creo que se trata de un proyecto bueno y espero que cuente con el apoyo necesario en el Parlamento para que siga la tramitación. Sobre todo, lo que me parece relevante es que el debate político sobre qué hay que hacer -si hay que subir este impuesto más o menos, si hay que gastar más o menos en esta política- tenga lugar en sede parlamentaria. Me parecería una lástima perder la ocasión de que en el Congreso se debata sobre cómo han de invertirse los recursos públicos, máxime cuando hemos presentado un proyecto alineado con la senda que han apoyado el PP y Ciudadanos. El marco debería ser aceptable incluso para estos partidos y luego podemos discutir desde el punto de vista político cómo ajustar el proyecto. Eso es lo que normalmente tendría que ocurrir y para eso está el Parlamento. Además, no tener estos Presupuestos sería una lástima desde el punto de vista de la estabilidad económica y financiera de nuestro país. El propio comisario Moscovici dijo el jueves que Europa prefiere que salgan estos Presupuestos. El mensaje que se envía desde el punto de vista de los inversores internacionales es que la seguridad jurídica y la predictibilidad fiscal es positiva y crea un clima de estabilidad que favorece la inversión. Hemos conseguido en estos ocho meses reforzar la confianza de los mercados financieros en nuestro país. Las condiciones que estamos teniendo de las subastas de deuda son muy potentes, con bajadas del tipo de interés. Hemos hecho un gran esfuerzo para que se mantenga esta estabilidad financiera. Si se aprueban los presupuestos supondría un espaldarazo importante en términos de estabilidad de cara a los mercados financieros internacionales.

P– ¿Cómo valora el suspenso en credibilidad de estos presupuestos, fundamentalmente desde el punto de vista de los ingresos, por parte de instituciones como el Banco de España, la Autoridad Fiscal e incluso la propia Comisión Europea?

R- Las estimaciones de ingresos las realiza el Ministerio de Hacienda. La ministra ha sido muy clara y ha explicado las bases que ha utilizado para hacer esas previsiones de ingresos y el Ministerio de Hacienda, si peca de algo, suele ser de prudente. No me sorprende que haya organismos que tengas estimaciones distintas desde el punto de vista de los ingresos. Es interesante ver que la cifras de cada uno divergen, cada uno tiene una previsión distinta sobre qué sucedería si hay presupuestos o no, pero hay dos líneas que son comunes a todos. Una es que en cualquier escenario hay una reducción del déficit y de la deuda. Es decir, que España se mantiene en una senda de disciplina fiscal, de reducción de los desequilibrios, y ese es un mensaje muy importante. Dos, que el déficit sería superior si no se aprueban los presupuestos. Porque si arrastramos los compromisos de gasto que ya están y no podemos aumentar los ingresos tal como se prevé en el proyecto de presupuestos, pues habrá un mayor déficit público. De nuevo desde el punto de vista de la estabilidad financiera y de la disciplina fiscal es mejor que se aprueben los Presupuestos a que no, y en eso están de acuerdo todos los organismos.

P– Y si finalmente no se pudieran aprobar, de cara a esa estabilidad para los agentes económicos, ¿se gobernaría con una prórroga presupuesta o sería más conveniente convocar elecciones?

R- Creo que no es el momento de especular sobre qué pasa si no se aprueban, estamos en un momento clave en el que la apuesta del Gobierno está justificada no sólo en razones políticas sino económicas.

P– ¿Tiene ya una cifra de cómo ha quedado el déficit público al cierre de 2018?

R- La información que tengo de la ministra de Hacienda es que cumpliremos la previsión del 2,7%

P– Con lo cual salimos de la vigilancia de Bruselas por déficit excesivo

R- Eso es, salimos del brazo correctivo de la normativa europea; una buena noticia.

P– ¿Le sorprendió que Podemos no apoyara en el Congreso el Decreto sobre los alquileres de vivienda?

R- A mí sí me sorprendió, puesto que era un Decreto que incluía muchas medidas importantes para dar capacidad a las comunidades de vecinos para decidir cómo querían que se gestionase el tema de las viviendas turísticas, porque alargaba la duración de los contratos de arrendamiento, porque incluía medidas de protección a los más vulnerables en caso de desahucio por impago de alquileres, porque establecía parámetros de control de los precios para las rentas más reducidas. Un conjunto de medidas ambicioso que lamentablemente no ha entrado en vigor por ese rechazo. Me sorprendió porque este era un paso importante en la dirección de reforzar la protección de los inquilinos y tratar de atajar algunos de los elementos que están contribuyendo al aumento de los precios del alquiler.

P– ¿Los agentes económicos se están preparando por si hay un Brexit sin acuerdo?

R- Creo que el nivel de conciencia de los empresarios con respecto a las posibles implicaciones de un Brexit sin acuerdo ha aumentado significativamente. Desde el Gobierno hemos hecho una labor de comunicación muy importante para transmitir la importancia de prepararse.

P– ¿Y en el caso de Iberia y las implicaciones que tendría para sus derechos de vuelo un Brexit duro?

R- El Ministerio de Fomento ha recibido recientemente de las compañías del grupo el plan de contingencia que recoge las medidas previstas en caso de un Brexit duro para garantizar el cumplimiento del ámbito normativo europeo. Esa documentación está ahora en fase de análisis a nivel técnico, de modo que es prematuro hacer una valoración. En cualquier caso, desde el Gobierno tenemos la convicción de que Iberia adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad.

P– ¿Qué novedades hay sobre el asunto de BBVA y las escuchas de Villarejo?

R- La última información que tengo fue el refuerzo de las labores de inspección, de auditoría y de análisis de la información disponible por parte del banco. Se trata de un ámbito en el que indudablemente sería positivo que se aclaren las cosas cuanto antes. Como está en sede judicial, tendremos que esperar a lo que se decida en ese terreno.

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La Seguridad Social refuerza la obligación de las empresas de pagar la cotización de los trabajadores mayores de 55 años despedidos en las regulaciones de empleo, según adelanta EXPANSIÓN en su edición impresa. Trabajo espera recaudar 7,5 millones de euros al año.

La Seguridad Social ha decidido reforzar la obligación de las empresas de suscribir y pagar los convenios especiales que deben hacer con la Seguridad Social en los despidos colectivos. El objetivo de estos acuerdos es que las compañías complementen realmente las cotizaciones de los trabajadores mayores de 55 años hasta la edad de jubilación anticipada, con el fin de que no pierdan una cuantía sustancial de la pensión posterior. Es decir, hasta los 61 años cuando el despido colectivo sea por causas económicas e involuntaria, ó 63 años, por otras razones.

También es una nueva propuesta que encarecerá más los costes laborales de las empresas, y que se suma a las que ya están vigor como las siguientes: el aumento en un 7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social; la subida del 36% al 40% de las cotizaciones de los contratos que duran menos de cinco días o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales.

En este sentido, en la Orden Ministerial, la Seguridad Social ha decidido prescindir del empresario de la suscripción del convenio especial, aunque, como hasta ahora, será él -la compañía- la que tenga que ingresar la totalidad de las cotizaciones para su financiación.

El Ejecutivo toma esta iniciativa porque dice la orden que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social «han evidenciado reiterados incumplimientos de los empresarios de su obligación de suscribir este tipo de convenios». Por lo tanto, «han producido un claro perjuicio a los trabajadores afectados» porque, hasta ahora, la obligación de cotizar de la empresa por esta razón está condicionada a que la compañía suscriba el convenio. Por lo tanto, si no lo suscribe no existe la obligación legal. Ahora, con la Orden, la empresa tendrá que pagar el convenio íntegramente.

El Defensor del Pueblo

De hecho, el Defensor del Pueblo ya formuló al Gobierno anterior una queja en este sentido. Protesta que ha reiterado a la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. La institución, que preside Francisco Fernández Marugán, informa de que «la Tesorería General de la Seguridad Social le ha indicado que, con la normativa actualmente vigente, no puede proceder a dar el alta de oficio a los trabajadores afectados, ni a sustituir la voluntad de la empresa en la suscripción del convenio, dada la dinámica misma de la figura del convenio especial, fórmula elegida legalmente para dar cobertura a los derechos de los trabajadores en estos supuestos. Para ello, requiere la previa conformidad de las partes implicadas», la empresa y los trabajadores.

Incluso el Defensor del Pueblo alega que «la imposición de sanciones económicas a los empresarios infractores no resulta una medida suficientemente disuasoria para la firma del convenio especial». En su grado máximo, la multa puede elevarse a 187.515 euros por trabajador sobre el que la empresa haya incumplido el convenio. Multa que «tampoco supone un resarcimiento económico para los interesados [los trabajadores], cuyos derechos se ven mermados por la falta de su obligada suscripción y abono de cuotas destinadas a su financiación.

Por lo tanto, el Gobierno, en la modificación de la Orden Ministerial excluye, o «sustituye», la voluntad del empresario por un acuerdo directo entre el trabajador y la Tesorería de la Seguridad Social. Eso sí, la administración «dará traslado de una copia del acuerdo al empresario junto con la notificación del importe total de las cuotas que debe ingresar [a la Seguridad Social] a su exclusivo cargo».

Pago fraccionado

No obstante, el empresario podrá optar, por realizar un pago de las cotizaciones de todos los trabajadores incluidos en el despido colectivo. O, por solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social el fraccionamiento del abono «en tantas anualidades como años le falte al trabajador o trabajadores para cumplir, según la forma de salir de la empresa, los 61 o los 63 años». Es decir, con un máximo de seis u ocho años, respectivamente.

La Orden Ministerial también endurece las sanciones a los empresarios. En lugar de una cuantía fija, que puede ir hasta los 178.515 euros por la sanción máxima, a partir de ahora, las deudas de la compañía con la Seguridad social por incumplimiento de convenio puede tener recargos de hasta el 35% de la cantiad adeudada, aumentada con los intereses de demora. Este se compone del tipo de interés legal, que este año es del 3%, más un incremento del 25%. Todo ello, en aplicación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Según el Departamento de Magdalena Valerio, actualmente hay 7.745 afiliados a la Seguridad Social, que tienen suscrito un convenio especial por despido en expedientes de regulación de empleo que incluyen a trabajadores mayores de 55 años o más años. Los empresarios cotizan por estas personas una base media de 3.033, 37 euros al mes.

La Seguridad Social estima que el reforzamiento de la obligación de los empresarios producirá a corto plazo un incremento del 10% en el número de los convenios, lo que aumentará la recaudación por cotizaciones sociales del sistema de protección en 7,5 millones de euros al año.

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Acumulan un patrimonio de 6.880 M€, aunque apenas una séptima parte de la fortuna de Amancio Ortega

Ocho familias murcianas acumulan un patrimonio de 6.880 millones de euros y se encuentran entre los ‘señalados’ en la XIII edición del monográfico ‘Los 200 más ricos de España’ publicado por El Mundo. Aún siendo mucho, sus fortunas acumuladas apenas son una séptima parte del patrimonio de Amancio Ortega –el más rico del país- con 50.400 M€, aunque durante el año pasado perdió 17.000 millones por la caída del valor de las acciones de Inditex.

A Ortega le siguen en el ‘top five’ las familias de Rafael del Pino (Ferrovial, 7.650 M€), Juan Roig (Mercadona, 7.050 millones), Sol Daurella (Coca Cola, 6.300 M€) y Francisco y Jon Riberas (Corporación Gestamp, 5.900 millones).

Es preciso llegar al undécimo puesto para encontrar a un murciano. Es el promotor de galerías comerciales Tomás Olivo, a quien se le calcula un patrimonio de 2.850 millones. Tras el cartagenero, en el lugar 38 está la familia Fuertes (ElPozo), con 1.390 millones. Encarna Piñero y familia, propietarios de Soltur, poseen un patrimonio valorado en 730 millones, lo que les sitúa en el puesto 75.

La familia de Francisco Motoro (GMP), en el puesto 76, acumula una fortuna de 730 millones. Otra familia murciana es la Vivancos (ex Mivisa), en el puesto 128 con 370 millones. Les sigue el cartagenero Eugenio Galdón (ex Ono), con 310 millones en el puesto 159; y la familia Restoy (Grupo Zamora, Licor 43), con 270 millones en el puesto 181.

Por último, entre las 200 mayores fortunas también se encuentra José García-Carrión (García Carrión), con 230 millones de euros en el puesto 197.

Otros empresarios de la Región en lugares destacados son Santos Montoro(Monthisa), 180 M€; Trinitario Casanova (Baraka), 150 millones; Manuel Torres(MTorres), 120 M€; Familia Conesa (Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo), 110 millones; Familia Orenes (Grupo Orenes), 110 millones; y Familia Huertas (Huertas Automoción), con un patrimonio valorado en 105 millones de euros.

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