Sección Sindical de ELA en M.Torres

La justicia condena a Prosegur, Securitas y sus sindicatos por incumplir el salario mínimo

La justicia está empezando a aclarar las dudas legales sobre qué complementos salariales pueden sumarse al sueldo para cumplir con la cuantía mínima legal de 900 euros al mes en 14 pagas. Así, la Audiencia Nacional acaba de condenar a las empresas de seguridad Prosegur y Securitas y a los sindicatos CC OO, UGT y USO por intentar «anular» la subida del salario mínimo en los convenios colectivos de ambas compañías.

Así lo ha anunciado hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que demandó a estas empresas y los tres sindicatos para impugnar estos dos convenios colectivos firmados por todos ellos. En dichos acuerdos, las empresas, con el visto bueno de CC OO, UGT y USO, se suprimían los pluses de transporte y vestimenta y se incorporaban al salario ordinario para compensar la subida del salario mínimo. Por ello, este tribunal anula la parte del convenio que recoge esta estructura retributiva y obliga a los firmantes a modificarla y añadir estos pluses al salario mínimo legal, en lugar de absorberlos.

Desde que entró en vigor el Real Decreto de subida del salario mínimo a 900 euros el 1 de enero, estas dos empresas de seguridad sistemáticamente eliminaron los pluses que sus trabajadores recibían, que rondaban los 40 euros mensuales, para pasar así a integrarlos en el salario base,
según CSIF.

Posteriormente, añade el sindicato, a finales de abril, CC.OO., UGT, USO y estas empresas de seguridad firmaron el convenio colectivo en el que se recogía la eliminación de estos pluses con carácter retroactivo a 1 de enero.

Sin embargo, la Audiencia Nacional da la razón a CSIF y les recuerda en la sentencia que la compensación y absorción de los pluses de transporte y vestuario con el nuevo salario base tras la subida del SMI «no es posible».

«No es posible legalmente compensar y absorber un concepto salarial y pluses extra salariales por cuanto el Estatuto de los Trabajadores contempla únicamente la compensación y absorción entre salarios, al igual que ocurre con el SMI», apunta la sentencia.

La Audiencia Nacional afirma que lo que hicieron ambas empresas en su convenio colectivo es «una técnica de neutralización» de los incrementos, de manera que el salario percibido realmente por la persona trabajadora no varía en este caso tras la aplicación del Real Decreto de subida del
SMI.

Así, el portavoz de CSIF, Pedro Poves, ha criticado que CC.OO. y UGT actúen «de una manera de cara a la galería», pero ha afirmado que en la práctica «se comportan de manera distinta». Los tres sindicatos firmaron este acuerdo, según CSIF, justificando que se trataba de «evitar una pérdida de competitividad de las empresas con resultados negativos para el mantenimiento del empleo».

CSIF, por su parte, ha rechazado esta premisa, porque «se trata de las dos principales empresas de seguridad de este país» y ambas tienen «las cuentas saneadas». Para conseguir la devolución de los pluses de enero a mayo, los trabajadores afectados en ambas empresas tendrán que recurrir ante un juzgado de lo social de forma individual.

Según CSIF, en España existen actualmente más de 8.000 trabajadores afectados por esta situación.

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Los accidentes laborales de carácter grave han aumentado un 18 por ciento en Navarra en el primer semestre del año. Es uno de los principales datos recogidos en el Informe de Siniestralidad Laboral realizado por Mutua Navarra.

La entidad ha señalado que «en los últimos años se está produciendo un incremento de la siniestralidad laboral en Navarra» y crecen «de manera significativa» los accidentes graves y con secuelas. El perfil más frecuente del trabajador que sufre estos accidentes es un varón de entre 30 y 40 años con una antigüedad inferior al año en la empresa.

El estudio de Mutua Navarra identifica como factores relevantes de este aumento en la siniestralidad «el crecimiento de la actividad productiva, la falta de medidas de prevención ante modificaciones en los procesos de trabajo y la realización de acciones inseguras». Asimismo, ha remarcado la necesidad de reforzar las medidas de prevención e incidir en el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Entre los datos más relevantes de este análisis, destaca un aumento del 18% de los accidentes graves en los primeros seis meses del año, en especial los relacionados con atrapamientos en máquinas y equipos de trabajo.

El crecimiento de la siniestralidad está siendo superior en el sector industrial respecto a las actividades de construcción o servicios. Además, las empresas de menos de diez trabajadores son las que están sufriendo este incremento en mayor medida (17% frente al 7,6%).

El perfil más frecuente del trabajador que sufre accidentes graves es un varón de entre 30 y 40 años con una antigüedad inferior al año en la empresa.

La causa que genera más accidentes laborales son los sobreesfuerzos y trastornos musculo-esqueléticos, que suponen en torno a un 40% del número de accidentes. Los golpes y choques constituyen la segunda causa de accidente laboral: en torno al 16% de los mismos.

La franja de edad en la que se producen más accidentes en proporción al volumen de trabajadores es la de 30 a 39 años: 26% de accidentes sobre el 23,5% de trabajadores. En relación a la distribución por sexos, los hombres concentran una incidencia de accidentes muy superior a las mujeres: 71% de los accidentes sobre un 53% de la población laboral protegida.

Por todo ello, Mutua Navarra ha considerado importante insistir en la protección, mantenimiento y seguridad de las máquinas, así como en las operaciones de carga, descarga y almacenamiento, ya que los accidentes en este tipo de operaciones se han incrementado.

Asimismo, ha abogado «actualizar la evaluación de riesgos y los procedimientos cuando se producen modificaciones, además de prestar una atención especial a las actividades que se subcontratan por el riesgo adicional que puede existir».

También ha incidido en la formación como «herramienta de capacitación de los trabajadores no sólo para trabajar de forma segura, sino también para identificar los riesgos y saber adoptar las medidas de prevención más adecuadas ante circunstancias no habituales».

Mutua Navarra ve necesario también «corregir de manera constante los actos inseguros y verificar que los procedimientos establecidos se cumplen», «atender los riesgos ergonómicos y psicosociales», así como tener en cuenta los riesgos que está trayendo consigo la incorporación de nuevos vehículos y formas de transporte.

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El 37% de las mujeres afirma querer tener un nuevo empleo a corto plazo mientras que, entre los hombres, esta cifra cae al 29,5%.

Retomar la rutina. Eso es lo que los trabajadores que han estado de vacaciones durante el mes de agosto tienen como objetivo para la primera semana de septiembre. Pero ello, en ocasiones, se ve afectado por marcarse nuevas metas y objetivos de cara a lo que resta de año. Y cambiar de trabajo es, en muchos casos, uno de ellos. De hecho, según los datos recogidos por InfoJobs, en el mes de septiembre se registra un aumento significativo del número de candidatos inscritos en las vacantes publicadas. Según el último estudio realizado señala que el 33% de los españoles se plantea cambiar de trabajo en los próximos meses.

Este informe, que también analiza la intención de cambio, se observan diferencias entre géneros, siendo las mujeres las que manifiestan mayor intención de cambio. En este caso, el 37% de las mujeres afirma querer tener un nuevo empleo a corto plazo mientras que, entre los hombres, esta cifra cae al 29,5%.

Asimismo, existe una relación directa entre edad y cambio; a más edad, menor es la intención de cambiar de empleo. Concretamente, el 57% de los encuestados menores de 24 años afirma que quiere un cambio de trabajo a corto plazo, mientras que solo el 15% de los españoles mayores de 55 años se plantea un cambio en los próximos años.

Al igual que la edad, a mayor nivel laboral, menor es la propensión al cambio de empleo. Así, el 35,5% de los empleados quiere tener un nuevo empleo en los próximos meses, mientras que solo un 20% de los directivos tienen intención de cambiar de trabajo.

El salario, principal motivo
Pero, ¿por qué nos planteamos cambiar de empleo? Según InfoJobs, el principal motivo es el salario. El deseo de tener unos ingresos más elevados es la causa más elegida entre todos los colectivos, sin diferencia de sexo o edad, con un 74% de menciones.

Un resultado que no sorprende, si se tiene en cuenta que los salarios son la principal preocupación de los españoles en materia de empleo. Así lo confirmaba el I Barómetro del Empleo de InfoJobs, que revelaba que, actualmente, el 74% de la población activa española le preocupa que los salarios no sean acordes a la formación y experiencia requerida para un puesto. Se trata de la primera de sus preocupaciones en materia de empleo.

Pero poder compaginar la vida personal y profesional (53%), tener un mejor horario (50%), trabajar en un proyecto que motive más (42%) y seguir aprendiendo (39,5%) son los siguientes motivos que dan los españoles cuando se les pregunta por qué quieren cambiar de trabajo.

Por edad, los más jóvenes (de entre 16 a 24 años) tienen como prioridades, en segundo y tercer lugar, trabajar en un proyecto que les motive (48%) y poder seguir aprendiendo (44%). De hecho, según los datos de InfoJobs, el 65% de los jóvenes de esta franja de edad destacan la falta de motivación como una de sus principales preocupaciones en materia de empleo. A su vez, como en la mayoría de los casos este colectivo no tiene hijos, el horario o la conciliación no son todavía su principal preocupación.

Sin embargo, para los empleados de edades intermedias, de 25 a 34 años, el tener un buen horario es ya un factor decisivo para el cambio. De hecho, éste es, tras el salario, el segundo motivo más frecuente de cambio de empleo, con el 52,5% de menciones.

¿Y qué opinan las empresas? El 30% de ellas tenía previsto aumentar sus contrataciones a lo largo de este año y el 38% contempla incrementar sus plantillas en 2020. Por el contrario, el 9% de las empresas prevén reducir las contrataciones en 2020 y la perspectiva más extendida, en el 53% de las empresas, es que se mantengan los actuales niveles de contratación.

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La entrada en vigor hace tres meses de la norma que obliga a las empresas a registrar la jornada de sus asalariados ha tenido un importante efecto en el número de horas extraordinarias de los trabajadores españoles. Hace 10 años que esta cifra no para de crecer. Al calor de la mejora del empleo, los empleados trabajaron el año pasado 330 millones de horas más allá de su horario, un nivel récord desde 2009. Pero esta tendencia se ha roto desde que el pasado 12 de mayo el Gobierno obligara a fichar. El resultado es que en el segundo trimestre del año las horas extra pagadas cayeron un 19%, según los datos del INE.

Es pronto aún para analizar a fondo el efecto que el registro obligatorio de jornada ha tenido en la práctica diaria de millones de fábricas y oficinas. Pero la Encuesta de Población Activa ofrece sus primeras pistas. Los datos muestran que, en contra de lo que había sucedido en la última década, a principios de este año el número de horas extra que realizan los españoles experimentó un gran bajón, especialmente acusado entre aquellas que se pagan. Y la obligación de los empleados de fichar al entrar y salir de su puesto aparece como la causa principal en este cambio de tendencia.

De abril a junio, los trabajadores españoles realizaron seis millones de horas extraordinarias a la semana. Esta cifra supone una caída del 11,7% respecto al mismo periodo de 2018, según el INE. El bajón es aún más brusco al analizar solo las horas que, como marca la ley, el trabajador cobra por haber alargado su jornada laboral: una caída del 19%. En cambio, las que no se pagan bajaron tan solo un 2,5%. El número de horas extra del segundo trimestre de este año, que coincide con la entrada en vigor del registro horario, es el más bajo en cinco años.

Un dibujo completamente distinto emerge si se observan los datos del año pasado. El número de horas extra que los trabajadores españoles hicieron en 2018 superó los 330 millones. Al analizar solo las pagadas, fueron 166 millones, la cifra más alta desde 2008, según los datos elaborados por la empresa Randstad a partir de la Encuesta de Costes Laborales del INE. Las caídas en los peores años de la crisis fueron constantes. Pero desde 2013 comenzaron a subir hasta acercarse el año pasado al máximo alcanzado al inicio de la crisis. Las cifras, además, revelan que casi la mitad de las horas extra no se pagan.

UGT aplaude los efectos del control horario, una norma que nació con polémica. Fuentes del sindicato explican el descenso de horas extraordinarias por la actitud de muchas empresas ante la nueva norma. Ante la tesitura de tener que declarar la jornada efectiva de todos sus asalariados, prefieren racionalizar el horario y eliminar aquellas horas que no sean estrictamente necesarias. Cae el número de horas pagadas por este efecto y lo hacen también las que no se pagan por la obligación de una mayor transparencia en los horarios. También ha podido influir un endurecimiento de los criterios para contabilizar las horas extra. “Sin duda, en estos positivos resultados ha influido de manera decisiva la entrada en vigor en mayo de la norma que regula el registro diario, que, a pesar de sus carencias, constituye un importante paso hacia el control efectivo de la jornada laboral”, aseguran en UGT.

Las empresas se adaptan

El Gobierno introdujo el registro obligatorio de jornada para reducir la precariedad en el mercado laboral. Se aprobó el pasado 12 de marzo, pero el decreto que regulaba la medida introducía un periodo de carencia de dos meses, hasta el 12 de mayo, para que las empresas se adaptaran. De hecho, tras aumentos considerables en todos los trimestres de 2018, el número de horas extra ya empezó a bajar entre enero y marzo de este año, con una caída del 11%.

“Es difícil saber la causa exacta”, admiten fuentes de UGT. “Pero es muy probable que la expectativa de la aprobación de la norma, que generó gran número de noticias y comentarios, provocara que las empresas anticiparan la reducción del uso de horas extra”, añaden. Consideran que esta voluntad de adaptarse antes de que sea estrictamente obligatorio es algo habitual en el mercado laboral, porque las empresas quieren asumir cuanto antes las nuevas reglas para evitar distorsiones. En el sindicato admiten que la desaceleración económica que se apuntaba desde principios de año puede haber tenido también cierto impacto, pero creen que el efecto del cambio legal es mucho más significativo, ya que la economía apenas apuntaba entonces esa desaceleración.

Las empresas que no cumplan el registro se exponen a recibir una sanción grave, lo que implica una multa de entre 626 y 6.250 euros. Esta cantidad podrá variar en función del tamaño y facturación de la compañía infractora.