Tras once años en el cargo, Adolfo Txiki Muñoz da el relevo a Mikel Lakuntza al frente de ELA con el mensaje claro de que seguirá siendo un sindicato de contrapoder.
‘Txiki’ Muñoz en un acto del sindicato. PATXI CORRAL ARABA PRESS
El próximo fin de semana ELA tendrá un nuevo secretario general. Adolfo Muñoz Txiki dará el relevo a Mitxel Lakuntza después de 11 años en el cargo. Una nueva cara en la cúpula de un sindicato que seguirá siendo el mismo: «Ser un sindicato de contrapoder es algo que en ELA no está en discusión», ha dicho en muchas ocasiones Muñoz. No habrá nuevos aires en el sindicato del ‘no’, como se le conoce en muchos ámbitos empresariales por su negativa a firmar convenios y su oposición a participar en los órganos sociolaborales.
De hecho, la Ejecutiva que salga del congreso que tendrá lugar el 5 de abril en San Sebastián bajo el lema Indar betean (Más fuertes que nunca), sólo incluye un cambio en las 12 sillas que contiene: la entrada de Maialen Aranburu para suplir la salida del órgano de Muñoz, -que deja el cargo en cumplimiento de los estatutos, al llegar a los 60 año-. El resto repiten puesto en la Ejecutiva en un claro signo de continuidad en la línea estratégica de la central que se basa en la confrontación pura y dura. Una línea que ya se inició con el anterior secretario general José Elorrieta y que con Adolfo Muñoz no ha hecho otra cosa más que consolidarse y convertirse en su seña de identidad.
Muñoz ha enfrentado a ELA prácticamente con todos, incluso con el que parecía estar destinado a ser su aliado natural, el sindicato LAB. Si durante algunos años de la violencia de ETA fue la postura ante el terrorismo la que enfrentó a ambas centrales, ahora son los conflictos laborales fundamentalmente los que mantienen sus diferencias como irreconciliables.
La propia secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu ha acusado a ELA de parecer tener las huelgas como fin en sí mismo. ELA quiere «bailar sola en algunos conflictos para patrimonializarlos», ha llegado a decir.
Lo cierto es que ELA ha capitalizado muchos de los conflictos laborales que ha convertido en auténticas banderas de enfrentamiento a los poderes públicos y empresariales. Uno de estos ejemplos fue el conflicto de las trabajadoras de las residencias de Bizkaia, una huelga que alargó durante 370 días gracias a su potente caja de resistencia, que permite a los trabajadores continuar cobrando y que posibilita al sindicato mantener paros a largo plazo como un elemento de presión que no está al alcance del resto de las centrales.
Pero si algo ha caracterizado este periodo en la vida del sindicato capitaneado por Adolfo Muñoz ha sido el enfrentamiento de la central con la administración en general, pero con el Gobierno vasco en particular. Con todos los partidos, pero también y sobre todo con el PNV. Y también con EH Bildu, a los que ha acusado en más de una ocasión de preferir pactar con el partido de Ortuzar -por ejemplo en el tema de los Presupuestos- que querer llevar a cabo realmente políticas sociales. Este también ha sido un foco de conflicto con LAB, al que Muñoz ha acusado de no querer enfrentarse a la izquierda abertzale. De hecho, uno de los argumentos de Muñoz a la hora de hablar de su falta de entendimiento con LAB es que en la estrategia de EH Bildu de llegar a «acuerdos de país» con el PNV, «estorba una unidad sindical entre ELA y LAB» en «clave de contrapoder».
Especialmente sonados han sido los enfrentamientos de Muñoz con el lehendakari. El todavía secretario general del sindicato ha acusado a Urkullu de «autoritario» «antidemocrático» y «antisindical» por no querer reunirse con la central. Y el cruce de acusaciones ha sido constante entre el sindicato y la cúpula del PNV, muy molestos con la fuerte labor de oposición extraparlamentaria que se ha hecho al Gobierno desde el sindicato.
Hasta el fallecido Xabier Arzalluz, en uno de sus últimos actos públicos, cargó contra ELA: «Cuando uno ve ahora las cosas que dice este fenómeno de secretario general de ELA que hay ahora, el llamado Txiki Muñoz, pues está claro que este hombre concibe a ELA como organización político sindical y uno piensa si el PNV tendría que reconsiderar un poco su posición ante este sindicato».
También el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado muy crítico instando al sindicato a que «si quiere hacer política, que se presente a las elecciones».
Desde ELA siempre se ha dado la misma respuesta: La reivindicación de su autonomía frente a cualquier formación política y su derecho a ejercer su labor de oposición desde el movimiento sindical.
«ELA no depende de la financiación pública y por ello, desde la autonomía financiera, sindical y política tiene «pleno derecho» para «dirigirse al mundo político y económico, para defender aquello en lo que cree». «Es verdad que algunos toleran muy mal la autonomía de nuestra organización», ha defendido Muñoz.
Enfrentado con el poder político tampoco son mucho mejores las relaciones con los empresarios, que acusan al sindicato de ser el culpable de la paralización de la negociación colectiva. ELA ha hecho una apuesta por el convenio de empresa en detrimento del sectorial y son muchas las dificultades para suscribir convenios en los que tiene la mayoría.
Su oposición a participar en los organismos laborales o en la Mesa de Diálogo Social, -donde tampoco se sienta LAB- ha dejado estos organismos con muy pocas posibilidades de sacar adelante acuerdos que puedan llegar a aplicarse.
Porque pese a su enfrentamiento con todos, pese a ser el sindicato del no, ELA llega a su congreso blandiendo su posición inmutable como sindicato mayoritario. Con más de 100.000 afiliados y el 41% de la representación de la Comunidad Autónoma vasca -el 23% en Navarra- lo que le permite ejercer una auténtica labor de bloqueo.
ELA mantendrá su línea estratégica y «seguirá dando la cara», anunciaba Muñoz en la presentación del congreso de la próxima semana en el que se reunirán 736 delegados. «Seguiremos en nuestra línea, con más fuerza e intensidad aún», confirmaba Mitxel Lakuntza, el próximo secretario general en una entrevista en la web del sindicato confirmando que este será el congreso de la continuidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, en el que se incluye la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. Una vez aprobado este decreto ley, las medidas en él plasmadas entrarán en vigor tras su publicación en el B.O.E, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso. Fuentes gubernamentales han precisado que será publicado el próximo martes, por lo que entrará en vigor el miércoles 6 de marzo. El Gobierno siempre ha expresado su intención de ampliar de manera progresiva el permiso de paternidad, que actualmente es de cinco semanas voluntaria y con dos días (o cuatro si es necesario el desplazamiento). Así lo plasmó en un borrador del decreto ley de 28 páginas que el Ejecutivo elaboró y presentó a los agentes sociales y patronal la semana pasada, un texto que no generó acuerdo entre las partes. En este texto provisional, el Gobierno establecía como obligatorias las seis semanas inmediatamente posteriores al parto desde este mismo año, un punto que desató críticas entre las asociaciones y ONG de familia, que rechazan que los progenitores deban cogérsela a la vez. Finalmente, fuentes gubernamentales han precisado a Europa Press que la obligatoriedad ascenderá a seis semanas, pero se implantará de manera progresiva: las dos primeras semanas tras el parto serán obligatorias en 2019; cuatro lo serán en 2020; y seis en 2021. En cualquier caso, el decreto ley ha recibido luz verde y, consecuentemente, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector privado se elevará gradualmente hasta 2021, cuando tendrán permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha justificado la implantación progresiva del permiso «para dar tiempo suficiente a las empresas». También ha apelado a la «corresponsabilidad» de ambos progenitores, al tiempo que ha defendido la necesidad de que España «deje de ser parte del furgón de cola» en esta materia. «La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral de las mujeres. La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos», ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo. El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Estaba prevista también en la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace un año en el Congreso, cuya tramitación ha quedado varada ante el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales.
610 MILLONES DE FINANCIACIÓN
El Gobierno estima que el coste económico de este decreto ley rondará los 610 millones de euros, presupuestado a cargo de la Seguridad Social y su «incremento de la recaudación» gracias a los mayores ingresos derivados del alza del Salario Mínimo y el aumento de la cotización máxima, según ha manifestado Calvo. Fuentes gubernamentales admitieron recientemente que la inclusión de los permisos por paternidad «era complicada» sin tener los presupuestos aprobados. En el proyecto de ley de presupuestos para 2019, el Gobierno preveía gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019. Según datos del Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. De acuerdo a estas cifras, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%).
SEIS SEMANAS OBLIGATORIAS PARA EL PADRE TRAS EL PARTO
El Ejecutivo quiere reformar el Estatuto de los Trabajadores para incluir que «el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas», de las que «serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto» y se disfrutarán «a jornada completa». Ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.
AUMENTO PROGRESIVO: 8 SEMANAS EN 2019 Y 12 EN 2020
En 2019, «el otro progenitor/a contará con un periodo de suspensión total de ocho semanas», de las cuales las seis primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. También se reducen las semanas que la madre biológica puede ceder al otro progenitor/a hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de nacimiento, el otro progenitor/a «contará con un periodo de suspensión total de doce semanas», de las cuales las seis primeras deberán disfrutarse de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. Respecto a la cesión por parte de la madre biológica, podrá ser de «hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio». El Gobierno argumenta la redacción de este decreto alegando que el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral «debe regularse de tal forma que garantice la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, quedando prohibido cualquier trato discriminatorio directo».
OBLIGACIÓN DE UN REGISTRO DE TABLAS SALARIALES
Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de cincuenta trabajadores, ya que actualmente lo son para las compañías con más de 250 trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores. También se recoge la obligatoriedad de la publicación de las tablas salariales para empresas, a las que se tendrá acceso a través de la representación sindical o personal, según ha precisado la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha abogado por «igual trabajo igual salario «Muchas mujeres no conocen cual es la discriminación salarial en la que están al no conocer la retribución del resto de los trabajadores», ha dicho, defendiendo esta medida en aras de la transparencia. Según ha precisado, la instauración del registro de estas tablas será obligatoria para empresas con más de 50 trabajadores. «El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor», reza el decreto ley. La última medida del decreto ley es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado. Calvo ha destacado que este colectivo está formado «mayoritariamente» por mujeres, a las que hay que «dejar de castigar» con la «brecha de sus pensiones», teniendo en cuenta que cobran de medias «370 euros» menos que los hombres.
La nueva Ley Orgániza 3/2018 de Protección de Datos ha levantado mucha polémica desde su entrada en vigor el pasado diciembre porque permite, sobre el papel, la propaganda electoral a través del móvil. Pero no todo es malo: también debería impedir que tu jefe te moleste por WhatsApp fuera del horario laboral.
Es un detalle que se había pasado por alto, pero que como indica en un hilo el abogado Fabián Valero, ahora la ley ampara al trabajador que no quiera responder mensajes fuera de su jornada, hasta el punto de que si su superior le exigiera responder, podría denunciarle y ganar con relativa facilidad, pues se trataría de una sanción grave.
El artículo 88 no deja lugar a dudas: los ciudadanos tenemos derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Los empleadores estarían obligados a redactar una política interna dirigida a los trabajadores para que se respete esta situación y, aunque trabajes fuera de la oficina, se te debería dejar en paz cuando tu trabajo se ha terminado.
Esto último es de especial relevancia, como indica Valero, pues las empresas están ahora obligadas no sólo a tener un protocolo de desconexión digital, sino a formar y sensibilizar sobre ello.
El problema con esta legislación es que no evita que un emplador escriba pidiendo algo, pero con la ley en la mano, el empleado puede ignorar este mensaje hasta la siguiente jornada.
La nueva legislación española recuerda al caso francés, que en 2017 implantó nuevas directivas con el fin de ayudar a la desconexión fuera del trabajo. Entre algunas de las nuevas normas, se estipula que el empleador y el empleado pueden negociar la situación del móvil del trabajo fuera del horario laboral.
Las relaciones laborales han cambiado bastante gracias a aplicaciones como WhatsApp o Slack, que en algunas ocasiones, lejos de facilitar las operaciones propias de una actividad, sirven para mantener constantemente conectados a los trabajadores, pues llevan aplicaciones de estos servicios instaladas en el móvil.
WhatsApp lleva tiempo desarrollando un ‘modo vacaciones’ para evitar, en parte, este problema. Sobre el papel, los usuarios que activen este modo, no recibirán una sola notificación de grupos que haya seleccionado durante el tiempo estipulado.
Airbus corta las alas al A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El consorcio aeronáutico europeo ha anunciado el fin de la producción del que fuera su buque insignia, pero que con los años se ha convertido en un auténtico «elefante blanco«. Las entregas cesarán dentro de dos años.
La decisión se ha tomado tras la anulación de un pedido de 39 unidades de A380 por parte de la compañía Emirates, que finalmente optó por 40 unidades del A330-900 y 30 del A350-900.
«La consecuencia de esta decisión es que nuestro retraso ya no es suficiente para mantener la producción del A380», se justificó Tom Enders, CEO de Airbus.
La compañía Emirates ha anunciado vía Twitter los términos de la «anulación»: adquiere aviones a Airbus por un valor de 21.400 millones de dólares y recibirán 14 A380 de un pedido anterior, con lo que tendrá una flota total de 123 A380.
Miles de puestos de trabajo se verán afectados
El cese de la producción del A380 tendrá serias consecuencias laborales. La compañía afirma que «iniciará conversaciones con sus interlocutores sociales en las próximas semanas sobre los 3.000 a 3.500 puestos de trabajo que probablemente se verán afectados por esta decisión en los próximos tres años». Según el fabricante, no tienen por qué desembocar en despidos, ya que existen muchas oportunidades para la movilidad interna «gracias a la demanda del A320 y del nuevo pedido de fuselaje ancho de Emirates».
El anuncio de Enders no es ninguna sorpresa, ya que la superviviencia del modelo estaba ligada a su demanda comercial. La compañía europea sufrió varios reveses con este modelo, tras la reciente cancelación de compra de 8 aparatos por parte de la aerolínea australiana Qantas Airways. Hong Kong AIrlines también había anulado con anterioridad la orden para adquirir otros diez.
Airbus corta las alas al A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El consorcio aeronáutico europeo ha anunciado el fin de la producción del que fuera su buque insignia, pero que con los años se ha convertido en un auténtico «elefante blanco«. Las entregas cesarán dentro de dos años.
La decisión se ha tomado tras la anulación de un pedido de 39 unidades de A380 por parte de la compañía Emirates, que finalmente optó por 40 unidades del A330-900 y 30 del A350-900.
«La consecuencia de esta decisión es que nuestro retraso ya no es suficiente para mantener la producción del A380», se justificó Tom Enders, CEO de Airbus.
La compañía Emirates ha anunciado vía Twitter los términos de la «anulación»: adquiere aviones a Airbus por un valor de 21.400 millones de dólares y recibirán 14 A380 de un pedido anterior, con lo que tendrá una flota total de 123 A380.
Miles de puestos de trabajo se verán afectados
El cese de la producción del A380 tendrá serias consecuencias laborales. La compañía afirma que «iniciará conversaciones con sus interlocutores sociales en las próximas semanas sobre los 3.000 a 3.500 puestos de trabajo que probablemente se verán afectados por esta decisión en los próximos tres años». Según el fabricante, no tienen por qué desembocar en despidos, ya que existen muchas oportunidades para la movilidad interna «gracias a la demanda del A320 y del nuevo pedido de fuselaje ancho de Emirates».
El anuncio de Enders no es ninguna sorpresa, ya que la superviviencia del modelo estaba ligada a su demanda comercial. La compañía europea sufrió varios reveses con este modelo, tras la reciente cancelación de compra de 8 aparatos por parte de la aerolínea australiana Qantas Airways. Hong Kong AIrlines también había anulado con anterioridad la orden para adquirir otros diez.
Los pedidos de Emirates eran una tabla de salvación y el CEO de Airbus llegó a decir que los de Emirates darían «visibilidad» a la producción del A380 «durante al menos diez años», sin embargo, el castillo de naipes se ha venido abajo. «No habrá más remedio que detener el programa», ha dicho John Leahy, auguró John Leahy, exdirector de ventas de Airbus.
El fin de la producción no significa en absoluto que el A380 deje de surcar los cielos. Capaz de transportar unos 550 pasajeros y alrededor de 3.000 maletas, el Super Jumbo de Airbus causó sensación en su momento. Según el sitio web de Airbus, en total se encargaron 321 aparatos.
Las compañías aéreas se decantan ahora por modelos de dos motores más pequeños y eficientes, como el A350 o el Boeing 777.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en un momento de la entrevista. JMCadenasEXPANSION
En una entrevista con EXPANSIÓN, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, señala que el establecimiento de un registro horario «me parece imprescindible para poder evitar los abusos, sobre todo en la contratación a tiempo parcial». Respecto a Iberia y el Brexit, la ministra señala que «desde el Gobierno tenemos la convicción de que Iberia adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad».
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), que acaba de presentar un ambicioso proyecto de 60 medidas destinadas a configurar una «hoja de ruta» que defina «como queremos que sea nuestro país» en los próximos años, es optimista sobre la evolución de la economía española en un contexto de desaceleración generalizada en Europa. Subraya que sería una «lástima» que los presupuestos no sean aprobados, convencida como está de que traerían mayor «estabilidad financiera» de cara a los mercados internacionales al tiempo que refuerzan las «políticas sociales». No ha perdido la esperanza y, pese a las dificultades, todavía confía en que el Congreso permita la tramitación de los Presupuestos la próxima semana.
Pregunta– La Comisión ha rebajado sensiblemente sus previsiones de crecimiento para la eurozona. ¿Le preocupa el efecto contagio a España?
Respuesta– Desde que llegamos al Gobierno hemos estado señalando que las mayores incertidumbres para nuestro crecimiento económico venían de fuera, que el entorno internacional iba a jugar un papel importante, sobre todo ahora que tenemos una economía mucho más internacionalizada y por lo tanto, no podemos sustraernos de los desarrollos que se produzcan a nuestro alrededor. Nuestros principales mercados son los europeos, y por tanto lo que suceda con las economías europeas no es indiferente, tiene un impacto sobre nuestra economía que ya habíamos integrado en las previsiones de crecimiento para este año. Es interesante que todos los análisis apuntan a que el crecimiento económico se ralentizó en la mayoría de las economías europeas en el cuarto trimestre de 2018 mientras que en España fue una aceleración lo que observamos en ese mismo periodo. El crecimiento diferencial de España sobre el resto de la Unión se ha acrecentado.
P– ¿Qué sensación tiene de los indicadores que se van conociendo en el inicio de año, incluida la fuerte destrucción de empleo en enero? ¿Sigue percibiendo esa aceleración de la actividad, habida cuenta la recesión en la que ha entrado Italia y el fuerte frenazo de Alemania?
R– Desde que he llegado al Ministerio he estado muy atenta a los indicadores económicos que, como he dicho en público cada vez que se me preguntó, no permitían ver una evolución clara en los primeros meses. Todo este tiempo hemos sido muy prudentes hasta que ya vimos con claridad que el cuarto trimestre estaba siendo muy positivo y lo normal es que ese dinamismo se mantenga en esta primera parte de 2019. Estamos todavía muy al principio de año, sería muy arriesgado llegar a conclusiones sobre la base de un solo mes. La evolución del mercado laboral no ha sido atípica de lo que suele suceder en los meses de enero, que suelen ser malos, evidentemente por la estacionalidad una vez que termina la campaña de Navidad.
P– Pero este enero ha sido particularmente malo.
R– No ha sido particularmente malo. Si miramos las cifras de afiliados asalariados, la caída en enero ha sido del 1,1% este año, alineada con las de los tres años anteriores. En términos interanuales, las cifras se mantienen en un aumento de la ocupación próximo al 3% y una reducción del desempleo del 5,5%-6%. Es decir, que una vez que eliminamos la estacionalidad, en términos interanuales las magnitudes no son muy distintas de lo que hemos estado viendo en la segunda parte de 2018.
P– ¿No preocupa entonces que podamos estar ante un punto de inflexión a peor en el mercado laboral?
R– Un solo mes no nos puede llevar a conclusiones apresuradas. Es cierto que este año todo apunta a una moderación del crecimiento del PIB y, por tanto, a una progresiva desaceleración en la creación de empleo, que ha sido tan significativa el año pasado. Pero las cifras que estamos manejando siguen siendo muy importantes.
P– ¿Comparte los análisis de que la subida del salario mínimo dañará el empleo?
R- Nosotros francamente no lo vemos. El aumento del salario mínimo interprofesional se anunció en octubre, se adoptó en diciembre, y el cuarto trimestre de 2018 fue particularmente potente en creación de empleo indefinido.
P- Pero todos los analistas, privados y públicos, incluido el Banco de España que ha sido muy explícito, subrayan que esa subida se va a cobrar puestos de trabajo.
R- El impacto del salario mínimo no se puede analizar sólo desde el punto de vista de su efecto en los costes laborales. Hay que tener en cuenta que la subida supone también un aumento de la renta disponible de las familias y que, además, esta decisión se acompaña de un conjunto de medidas, como el plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo de las políticas activas de empleo y otras medidas para apoyar a los parados de larga duración. Es decir, que estas medidas no se pueden ver de manera aislada. Nuestra previsión es que el impacto del conjunto de medidas que tenemos contempladas será neutro sobre la creación de empleo
P– A los empresarios les preocupa una contrarreforma laboral que cambie las reglas del juego que han permitido crear tres millones de empleos en cinco años.
R- Como ha señalado el presidente en numerosas ocasiones, no se trata de una contrarreforma laboral como tal sino de corregir los aspectos más lesivos que ha habido en la reforma laboral de 2012. Estamos hablando de asuntos como el establecimiento de un registro horario, que me parece imprescindible para poder evitar los abusos sobre todo en la contratación a tiempo parcial, estamos hablando del régimen de subcontratas… Existe bastante consenso sobre que algunos aspectos pueden haber sido excesivos y hay que corregirlos. Más que hablar de reformas y de contrarreformas, lo realmente importante es empezar a trabajar con los agentes sociales en la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
P-¿Y en la negociación colectiva, se mantendrá la primacía del convenio de empresa o se volverá al pasado, primando el ámbito sectorial?
R- Eso es un tema que se está discutiendo actualmente en el Parlamento.
P-¿Cómo enfoca el Gobierno las numerosas medidas incluidas en la llamada agenda del cambio que usted acaba de presentar?
R- Desde que llegamos al Gobierno hemos estructurado la política económica en tres ejes fundamentales. Primero, disciplina fiscal, estabilidad económica y financiera; segundo eje, tratar de atajar los problemas sociales y reducir la desigualdad y en tercer lugar una serie de reformas de medio plazo para establecer las bases de un crecimiento sostenible desde el punto de vista financiero, social y medioambiental. Éste es el contexto que hemos ido desarrollando y plasmando en distintas actuaciones. Este tercer eje es el que se concreta en esta hoja de ruta que hemos ido siguiendo desde el principio, que es la agenda del cambio; viendo cuáles son las reformas que tenemos que poner en marcha ya en esta legislatura si queremos sentar las bases de un desarrollo más sostenible. Después de años en los que ha habido una enorme inercia en la política económica y que ha habido menos impulso reformista, lo que queremos es encauzar todas las actuaciones de los distintos ministerios del área económica en seis ámbitos de atención fundamentales: Reforzar la formación, el capital humano; apoyar la transformación tecnológica, científica y digital de nuestra economía; apoyar también la transición ecológica derivada del cambio climático, apostar por un mercado laboral eficiente y justo; reducir la desigualdad y proteger el Estado del Bienestar y; en último lugar, avanzar hacia una Administración más eficiente y al servicio de la ciudadanía. Éstos son los seis ámbitos en los que hemos ido articulando medidas en los distintos departamentos. Es un conjunto de actuaciones que interactúan, no se trata de medidas aisladas.
P-¿Cuáles son las prioridades más inmediatas?
R- El objetivo es definir cómo queremos que sea nuestro país en 2025 o 2030 y, con esa visión de medio plazo, teniendo en cuenta el diagnóstico de los desequilibrios heredados y los retos de futuro, que son cada vez más de presente, queremos ver qué reformas tenemos que poner en marcha en esta legislatura. Es un conjunto de más de 60 medidas, algunas ya las hemos empezado a poner en marcha en 2018, otras están incluidas en los Presupuestos y otras las vamos a ir poniendo en marcha hasta el final de la legislatura.
P– ¿Se ve el Gobierno con apoyos políticos para sacarlo adelante?
R- Yo confío en que los objetivos que tiene el Gobierno de avanzar hacia una economía en la que se erradique la pobreza extrema infantil, que reduzca la tasa de paro estructural y la alinee con la media de la UE, que refuerce los niveles educativos de nuestros jóvenes, que reduzca sustancialmente la brecha de género…, esos objetivos son compartidos por la inmensa mayoría de la población y creo que vamos a contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para ir llevando a cabo estas reformas. Unos apoyarán de una manera, otros de otra, pero el conjunto de medidas responde a lo que es el consenso de lo que necesita nuestro país. No estamos siguiendo una hoja de ruta que sea heterodoxa, estamos básicamente respondiendo a las recomendaciones que nos han venido haciendo los organismos internacionales. El jueves pasado he estado con el comisario Jirky Katainen en un acto en el que dijo que en su opinión en el futuro Europa tendría que centrarse en cinco ámbitos, y tres de ellos -economía circular, cambio climático e inteligencia artificial- están contemplados en nuestra hoja de ruta.
P– ¿Qué pasará si el próximo día 13 prosperan las enmiendas a la totalidad y definitivamente no se pueden aprobar los presupuestos?
R- Yo sigo manteniendo que el proyecto de Presupuestos es una propuesta muy equilibrada desde el punto de vista de la disciplina fiscal, con una ambiciosa reducción del déficit y de la deuda pública compatible con el refuerzo de las políticas sociales. Por tanto, creo que se trata de un proyecto bueno y espero que cuente con el apoyo necesario en el Parlamento para que siga la tramitación. Sobre todo, lo que me parece relevante es que el debate político sobre qué hay que hacer -si hay que subir este impuesto más o menos, si hay que gastar más o menos en esta política- tenga lugar en sede parlamentaria. Me parecería una lástima perder la ocasión de que en el Congreso se debata sobre cómo han de invertirse los recursos públicos, máxime cuando hemos presentado un proyecto alineado con la senda que han apoyado el PP y Ciudadanos. El marco debería ser aceptable incluso para estos partidos y luego podemos discutir desde el punto de vista político cómo ajustar el proyecto. Eso es lo que normalmente tendría que ocurrir y para eso está el Parlamento. Además, no tener estos Presupuestos sería una lástima desde el punto de vista de la estabilidad económica y financiera de nuestro país. El propio comisario Moscovici dijo el jueves que Europa prefiere que salgan estos Presupuestos. El mensaje que se envía desde el punto de vista de los inversores internacionales es que la seguridad jurídica y la predictibilidad fiscal es positiva y crea un clima de estabilidad que favorece la inversión. Hemos conseguido en estos ocho meses reforzar la confianza de los mercados financieros en nuestro país. Las condiciones que estamos teniendo de las subastas de deuda son muy potentes, con bajadas del tipo de interés. Hemos hecho un gran esfuerzo para que se mantenga esta estabilidad financiera. Si se aprueban los presupuestos supondría un espaldarazo importante en términos de estabilidad de cara a los mercados financieros internacionales.
P– ¿Cómo valora el suspenso en credibilidad de estos presupuestos, fundamentalmente desde el punto de vista de los ingresos, por parte de instituciones como el Banco de España, la Autoridad Fiscal e incluso la propia Comisión Europea?
R- Las estimaciones de ingresos las realiza el Ministerio de Hacienda. La ministra ha sido muy clara y ha explicado las bases que ha utilizado para hacer esas previsiones de ingresos y el Ministerio de Hacienda, si peca de algo, suele ser de prudente. No me sorprende que haya organismos que tengas estimaciones distintas desde el punto de vista de los ingresos. Es interesante ver que la cifras de cada uno divergen, cada uno tiene una previsión distinta sobre qué sucedería si hay presupuestos o no, pero hay dos líneas que son comunes a todos. Una es que en cualquier escenario hay una reducción del déficit y de la deuda. Es decir, que España se mantiene en una senda de disciplina fiscal, de reducción de los desequilibrios, y ese es un mensaje muy importante. Dos, que el déficit sería superior si no se aprueban los presupuestos. Porque si arrastramos los compromisos de gasto que ya están y no podemos aumentar los ingresos tal como se prevé en el proyecto de presupuestos, pues habrá un mayor déficit público. De nuevo desde el punto de vista de la estabilidad financiera y de la disciplina fiscal es mejor que se aprueben los Presupuestos a que no, y en eso están de acuerdo todos los organismos.
P– Y si finalmente no se pudieran aprobar, de cara a esa estabilidad para los agentes económicos, ¿se gobernaría con una prórroga presupuesta o sería más conveniente convocar elecciones?
R- Creo que no es el momento de especular sobre qué pasa si no se aprueban, estamos en un momento clave en el que la apuesta del Gobierno está justificada no sólo en razones políticas sino económicas.
P– ¿Tiene ya una cifra de cómo ha quedado el déficit público al cierre de 2018?
R- La información que tengo de la ministra de Hacienda es que cumpliremos la previsión del 2,7%
P– Con lo cual salimos de la vigilancia de Bruselas por déficit excesivo
R- Eso es, salimos del brazo correctivo de la normativa europea; una buena noticia.
P– ¿Le sorprendió que Podemos no apoyara en el Congreso el Decreto sobre los alquileres de vivienda?
R- A mí sí me sorprendió, puesto que era un Decreto que incluía muchas medidas importantes para dar capacidad a las comunidades de vecinos para decidir cómo querían que se gestionase el tema de las viviendas turísticas, porque alargaba la duración de los contratos de arrendamiento, porque incluía medidas de protección a los más vulnerables en caso de desahucio por impago de alquileres, porque establecía parámetros de control de los precios para las rentas más reducidas. Un conjunto de medidas ambicioso que lamentablemente no ha entrado en vigor por ese rechazo. Me sorprendió porque este era un paso importante en la dirección de reforzar la protección de los inquilinos y tratar de atajar algunos de los elementos que están contribuyendo al aumento de los precios del alquiler.
P– ¿Los agentes económicos se están preparando por si hay un Brexit sin acuerdo?
R- Creo que el nivel de conciencia de los empresarios con respecto a las posibles implicaciones de un Brexit sin acuerdo ha aumentado significativamente. Desde el Gobierno hemos hecho una labor de comunicación muy importante para transmitir la importancia de prepararse.
P– ¿Y en el caso de Iberia y las implicaciones que tendría para sus derechos de vuelo un Brexit duro?
R- El Ministerio de Fomento ha recibido recientemente de las compañías del grupo el plan de contingencia que recoge las medidas previstas en caso de un Brexit duro para garantizar el cumplimiento del ámbito normativo europeo. Esa documentación está ahora en fase de análisis a nivel técnico, de modo que es prematuro hacer una valoración. En cualquier caso, desde el Gobierno tenemos la convicción de que Iberia adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad.
P– ¿Qué novedades hay sobre el asunto de BBVA y las escuchas de Villarejo?
R- La última información que tengo fue el refuerzo de las labores de inspección, de auditoría y de análisis de la información disponible por parte del banco. Se trata de un ámbito en el que indudablemente sería positivo que se aclaren las cosas cuanto antes. Como está en sede judicial, tendremos que esperar a lo que se decida en ese terreno.
La Seguridad Social refuerza la obligación de las empresas de pagar la cotización de los trabajadores mayores de 55 años despedidos en las regulaciones de empleo, según adelanta EXPANSIÓN en su edición impresa. Trabajo espera recaudar 7,5 millones de euros al año.
La Seguridad Social ha decidido reforzar la obligación de las empresas de suscribir y pagar los convenios especiales que deben hacer con la Seguridad Social en los despidos colectivos. El objetivo de estos acuerdos es que las compañías complementen realmente las cotizaciones de los trabajadores mayores de 55 años hasta la edad de jubilación anticipada, con el fin de que no pierdan una cuantía sustancial de la pensión posterior. Es decir, hasta los 61 años cuando el despido colectivo sea por causas económicas e involuntaria, ó 63 años, por otras razones.
Con esta medida, la Seguridad Social espera aumentar un 10% el número de convenioshasta elevar la recaudación por cotizaciones sociales en 7,5 millones de euros. Así se recoge en un proyecto de Orden Ministerial, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sobre el convenio especial en el sistema de Seguridad Social, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
También es una nueva propuesta que encarecerá más los costes laborales de las empresas, y que se suma a las que ya están vigor como las siguientes: el aumento en un 7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social; la subida del 36% al 40% de las cotizaciones de los contratos que duran menos de cinco días o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales.
En este sentido, en la Orden Ministerial, la Seguridad Social ha decidido prescindir del empresario de la suscripción del convenio especial, aunque, como hasta ahora, será él -la compañía- la que tenga que ingresar la totalidad de las cotizaciones para su financiación.
El Ejecutivo toma esta iniciativa porque dice la orden que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social «han evidenciado reiterados incumplimientos de los empresarios de su obligación de suscribir este tipo de convenios». Por lo tanto, «han producido un claro perjuicio a los trabajadores afectados» porque, hasta ahora, la obligación de cotizar de la empresa por esta razón está condicionada a que la compañía suscriba el convenio. Por lo tanto, si no lo suscribe no existe la obligación legal. Ahora, con la Orden, la empresa tendrá que pagar el convenio íntegramente.
El Defensor del Pueblo
De hecho, el Defensor del Pueblo ya formuló al Gobierno anterior una queja en este sentido. Protesta que ha reiterado a la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. La institución, que preside Francisco Fernández Marugán, informa de que «la Tesorería General de la Seguridad Social le ha indicado que, con la normativa actualmente vigente, no puede proceder a dar el alta de oficio a los trabajadores afectados, ni a sustituir la voluntad de la empresa en la suscripción del convenio, dada la dinámica misma de la figura del convenio especial, fórmula elegida legalmente para dar cobertura a los derechos de los trabajadores en estos supuestos. Para ello, requiere la previa conformidad de las partes implicadas», la empresa y los trabajadores.
Incluso el Defensor del Pueblo alega que «la imposición de sanciones económicas a los empresarios infractores no resulta una medida suficientemente disuasoria para la firma del convenio especial». En su grado máximo, la multa puede elevarse a 187.515 euros por trabajador sobre el que la empresa haya incumplido el convenio. Multa que «tampoco supone un resarcimiento económico para los interesados [los trabajadores], cuyos derechos se ven mermados por la falta de su obligada suscripción y abono de cuotas destinadas a su financiación.
Por lo tanto, el Gobierno, en la modificación de la Orden Ministerial excluye, o «sustituye», la voluntad del empresario por un acuerdo directo entre el trabajador y la Tesorería de la Seguridad Social. Eso sí, la administración «dará traslado de una copia del acuerdo al empresario junto con la notificación del importe total de las cuotas que debe ingresar [a la Seguridad Social] a su exclusivo cargo».
Pago fraccionado
No obstante, el empresario podrá optar, por realizar un pago de las cotizaciones de todos los trabajadores incluidos en el despido colectivo. O, por solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social el fraccionamiento del abono «en tantas anualidades como años le falte al trabajador o trabajadores para cumplir, según la forma de salir de la empresa, los 61 o los 63 años». Es decir, con un máximo de seis u ocho años, respectivamente.
La Orden Ministerial también endurece las sanciones a los empresarios. En lugar de una cuantía fija, que puede ir hasta los 178.515 euros por la sanción máxima, a partir de ahora, las deudas de la compañía con la Seguridad social por incumplimiento de convenio puede tener recargos de hasta el 35% de la cantiad adeudada, aumentada con los intereses de demora. Este se compone del tipo de interés legal, que este año es del 3%, más un incremento del 25%. Todo ello, en aplicación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
Según el Departamento de Magdalena Valerio, actualmente hay 7.745 afiliados a la Seguridad Social, que tienen suscrito un convenio especial por despido en expedientes de regulación de empleo que incluyen a trabajadores mayores de 55 años o más años. Los empresarios cotizan por estas personas una base media de 3.033, 37 euros al mes.
La Seguridad Social estima que el reforzamiento de la obligación de los empresarios producirá a corto plazo un incremento del 10% en el número de los convenios, lo que aumentará la recaudación por cotizaciones sociales del sistema de protección en 7,5 millones de euros al año.
Acumulan un patrimonio de 6.880 M€, aunque apenas una séptima parte de la fortuna de Amancio Ortega
Ocho familias murcianas acumulan un patrimonio de 6.880 millones de euros y se encuentran entre los ‘señalados’ en la XIII edición del monográfico ‘Los 200 más ricos de España’ publicado por El Mundo. Aún siendo mucho, sus fortunas acumuladas apenas son una séptima parte del patrimonio de Amancio Ortega –el más rico del país- con 50.400 M€, aunque durante el año pasado perdió 17.000 millones por la caída del valor de las acciones de Inditex.
A Ortega le siguen en el ‘top five’ las familias de Rafael del Pino (Ferrovial, 7.650 M€), Juan Roig (Mercadona, 7.050 millones), Sol Daurella (Coca Cola, 6.300 M€) y Francisco y Jon Riberas (Corporación Gestamp, 5.900 millones).
Es preciso llegar al undécimo puesto para encontrar a un murciano. Es el promotor de galerías comerciales Tomás Olivo, a quien se le calcula un patrimonio de 2.850 millones. Tras el cartagenero, en el lugar 38 está la familia Fuertes (ElPozo), con 1.390 millones. Encarna Piñero y familia, propietarios de Soltur, poseen un patrimonio valorado en 730 millones, lo que les sitúa en el puesto 75.
La familia de Francisco Motoro (GMP), en el puesto 76, acumula una fortuna de 730 millones. Otra familia murciana es la Vivancos (ex Mivisa), en el puesto 128 con 370 millones. Les sigue el cartagenero Eugenio Galdón (ex Ono), con 310 millones en el puesto 159; y la familia Restoy (Grupo Zamora, Licor 43), con 270 millones en el puesto 181.
Por último, entre las 200 mayores fortunas también se encuentra José García-Carrión (García Carrión), con 230 millones de euros en el puesto 197.
Otros empresarios de la Región en lugares destacados son Santos Montoro(Monthisa), 180 M€; Trinitario Casanova (Baraka), 150 millones; Manuel Torres(MTorres), 120 M€; Familia Conesa (Corporación Agroalimentaria del Mediterráneo), 110 millones; Familia Orenes (Grupo Orenes), 110 millones; y Familia Huertas (Huertas Automoción), con un patrimonio valorado en 105 millones de euros.
Podrán beneficiarse de esta semana adicional aquellos progenitores cuyos hijos nazcan a partir de ahora La decisión es consecuencia del acuerdo de investidura entre PP y Cs.
Los padres españoles que tengan un hijo a partir de este jueves 5 de julio podrán disfrutar de una semana más de permiso de paternidad, cinco en total, un incremento contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se publicaron ayer, 4 de julio en el BOE y entrarán en vigor hoy, según informaron Europa Press fuentes gubernamentales. Podrán beneficiarse de esta semana adicional aquellos progenitores cuyos hijos nazcan desde hoy en adelante, pero no los que hayan sido padres antes de esta fecha, aunque el alumbramiento haya tenido lugar en el año 2018, según precisó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La decisión de ampliar una semana este año la duración del permiso de los padres para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él se pedía un aumento inicial, para 2017, para que los padres tuvieran una baja de cuatro semanas por el nacimiento de un hijo. Este periodo debía ser ampliado a razón de una semana por año, de manera que ahora este permiso llega a las cinco semanas.
Además, gracias a una enmienda pactada por Unidos Podemos y PP, los PGE incorporan otra novedad con respecto a estos permisos: la posibilidad de que los funcionarios públicos que tengan un hijo puedan cogerse las cinco semanas de permiso sin la obligación de hacerlo de forma simultánea a la madre.
De esta forma, podrán disfrutar de su baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo total de ambos progenitores a 21 semanas.
Un presupuesto mayor
La ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas así como el incremento del número de beneficiarios, ha motivado en los Presupuestos de este año un aumento de un 4,5% hasta los 2.559 millones de euros en el conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo.
16 semanas cada uno
La propuesta de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), la impulsora de esta ley, es de 16 semanas para cada progenitor: dos a partir del nacimiento y las otras 14 dentro del primer año, pudiendo tomarse estas de forma no simultánea para extender el periodo de cuidado de bebé.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, conversa con la Reina Sofía en un acto en Madrid. EFE
En España se trabajan nueve millones de horas ilegales a la semana
Valerio no derogará la reforma laboral del Partido Popular pero negociará cambios
El Congreso tramitará la ley que obliga a las empresas a registrar las horas trabajadas
Casi la mitad de las horas extra no se pagan
Lleva apenas una semana en el Ministerio de Trabajo, pero Magdalena Valerio ya se ha marcado varios objetivos que quiere poner en marcha antes de que acabe la legislatura. Entre ellos, reforzar la inspección de trabajo para luchar contra el empleo irregular, incrementando la dotación financiera del plan que diseñó el Gobierno popular y que ya ha empezado a ponerse en marcha.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE este jueves, Valerio insistió en que una de las prioridades del Ministerio que dirige será la lucha contra el fraude laboral para evitar que las empresas recurran a falsos autónomos o a contratos parciales que en el fondo ocultan jornadas completas.
Así, denunció que «se están haciendo nueve millones de horas ilegales a la semana», lo que perjudica no sólo a los trabajadores que se ven afectados por estas prácticas irregulares sino también al sistema, que ingresa «2.000 millones menos al año en cotizaciones para la Seguridad Social», sobre todo teniendo en cuenta que presenta un déficit de 18.000 millones.
Por eso, insistió en que hay que buscar nuevas vías de ingresos (por ejemplo, a través de impuestos), además de «racionalizar y reordenar los gastos».
El PSOE presentó hace un año una proposición de ley en el Congreso para que las empresas fueran obligadas a contabilizar las horas que hacen sus empleados en sus puestos de trabajo, y mantener durante cuatro años ese registro, de tal manera que esté disponible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Con esta iniciativa, los socialistas pretenden que el trabajador cobre y cotice por las horas que realiza e impedir prácticas fraudulentas en los contratos a tiempo parcial o que se hagan horas extraordinarias y no se cobren en tiempo o en dinero.
La ley prohíbe que los trabajadores con jornadas a tiempo parcial hagan horas extraordinarias, salvo por fuerza de causa mayor. En su lugar pueden hacer horas complementarias, que son las que se realizan fuera de las horas estipuladas en el contrato, pero que nunca pueden pueden suponer que el trabajador llegue a trabajar una jornada completa. Además, tienen que regularse por escrito y dependerán de lo establecido en el convenio colectivo.
Ésta es la teoría, pero en la práctica lo que sucede es que algunas empresas contratan trabajadores por una jornada inferior a la que van a hacer y prometen pagarles después las horas extra, algo que sencillamente es ilegal.
ELA emplaza al Gobierno de Navarra a combatir realmente la desigualdad de género en la futura Ley de Contratos Públicos. El 22 de febrero se celebra el Día Internacional por la Igualdad Salarial. Sin embargo, en la actualidad los datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres siguen siendo muy graves. Por ejemplo, en Navarra, las mujeres ganan de media 8.164 euros anuales menos que los hombres, lo que supone una brecha salarial de género de un 28,41% (datos del INE de 2015).
¿Qué se esconde tras la brecha salarial?
1.- División sexual del trabajo y segregación vertical
Los trabajos y el empleo se reparten en función del sexo. Por un lado, son las mujeres las que fundamentalmente asumen los trabajos de cuidado imprescindibles para la continuidad de la vida, y esos trabajos no son reconocidos social y económicamente.
Por otro, también el empleo se reparte en función del sexo, y al que desempeñan las mujeres se le atribuye un valor menor, porque en muchos casos es considerado como una prolongación natural de los trabajos de cuidado que desarrollan en el ámbito privado.
Con frecuencia, los sistemas salariales también se basan en esta situación de desigualdad. Por ejemplo, se establecen categorías correspondientes a capacidades vinculadas a los hombres, o los pluses de estos suelen ser más altos que los de las mujeres. En los puestos más altos de cada categoría u organigrama predominan los hombres, tanto en el sector privado como en el público.
2.- El hecho de tener que conciliar los trabajos de cuidado y el empleo penaliza a las mujeres
Quienes asumen el cuidado de los hijos e hijas o de familiares en situación de dependencia son en su gran mayoría mujeres. Los permisos de maternidad, excedencias, reducciones de jornada… son utilizados en la mayoría de los casos por ellas.
Además, gran parte de las personas con contrato parcial son mujeres, porque esos contratos suelen emplearse como mecanismo para conciliar el empleo y los trabajos domésticos y de cuidado. Es el propio sistema el que se aprovecha de este instrumento, porque los contratos parciales no suelen ser la opción voluntaria para la mayoría de las mujeres.
Todo ello tiene efectos inmediatos: el salario que perciben las mujeres es más bajo, porque se penalizan los periodos de salida del mercado de trabajo formal o el hecho de no trabajar a jornada completa.
3.- La precariedad de las mujeres agrava la brecha salarial
Queda demostrado que son las mujeres las que sufren principalmente la precariedad (contratos eventuales, jornada parcial…). Cuanta mayor es la precariedad, más profunda resulta la brecha salarial.
Además, las reformas de los últimos años han empeorado las condiciones de todos los trabajadores, pero especialmente las de las mujeres.
Planteamos dos claros ejemplos de la precariedad que agrava la brecha salarial:
a) Privatización y subcontratación de servicios: Muchos trabajos que tienen el mismo valor -y que, por tanto, deberían tener el mismo salario-, se privatizan o subcontratan. En muchos de esos sectores predomina el empleo femenino (residencias, limpieza, comedores escolares…). Por ello, en muchos casos es la administración pública la principal responsable de estas situaciones.
b) Estatalización de la negociación colectiva: Los convenios estatales recogen salarios más bajos, y precisamente se están aplicando en sectores con mayor presencia de mujeres (telemarketing, grandes superficies…). También a este respecto debemos señalar la responsabilidad de las administraciones navarras, ya que con frecuencia rebajan los precios de licitación y propician la aplicación de convenios estatales.
En todo caso, las administraciones navarras ya tienen por dónde empezar. La brecha salarial afecta también al propio Gobierno de Navarra. ELA promovió en 2014 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación. Esa ILP contó con el respaldo de 14.635 firmas que tras el trámite parlamentario supuso la modificación de la Ley de Contratos Públicos (Ley Foral 6/2006), que aún sigue vigente.
ELA, desde el comienzo de esta legislatura, ha emplazado reiteradamente al Gobierno de Navarra a elaborar un proyecto de Ley de Contratos Públicos para consolidar los avances sociales introducidos gracias a la ILP e introducir mejoras, especialmente para extender el derecho a la subrogación en todas las modalidades de contratación pública, y no solo para los casos de concesión de servicios. Sin embargo, en el texto aprobado por el Gobierno no se ha incluido la subrogación de las plantillas en todas las modalidades de contratación, ni se han incluido otras cláusulas sociales propuestas por ELA. Por ello, siguen sin estar protegidas las plantillas que trabajan en jardines, ambulancias, limpiezas, gestión deportiva, escuelas infantiles, sector sociosanitario (intervención social…), etcétera. Como es evidente, son las mujeres las más perjudicadas por esta situación, que aún puede revertirse si el Parlamento de Navarra introduce en la futura ley las citadas propuestas.
Por otra parte, ¿supervisará el Gobierno las contratas impulsadas por las administraciones navarras?¿Garantizarán salarios dignos en los procesos de adjudicación de subcontratas? ¿Aplicará el Gobierno de Navarra en su propia plantilla las medidas correctoras de la brecha salarial?
Propuestas de ELA: 9 medidas contra la brecha salarial
La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es un grave problema político. En su origen están la propia organización del sistema capitalista y heteropatriarcal y el reparto injusto de los trabajos. Por ello, es imprescindible dar pasos con el fin de abordar los problemas de fondo.
1.- Reparto paritario de los trabajos domésticos y de cuidado entre hombres y mujeres.
2.- Reconocimiento del valor social y económico de los trabajos de cuidado.
3.- Fomento de políticas públicas en favor del empleo de calidad, para combatir las situaciones de precariedad que sufren las mujeres.
4.- Rechazo de salarios inferiores en los servicios privatizados o subcontratados por las administraciones.
5.- Desarrollo de servicios públicos de cuidados gratuitos y universales.
6.- Igualdad en cuanto a los permisos de paternidad y maternidad, que deben ser personales e intransferibles.
7.- Exigencia de planes de igualdad reales en las empresas en las que trabajan más de 250 personas y sanciones en caso de incumplimiento.
8.- Que las medidas de conciliación no sean a costa del salario o las posibilidades de hacer carrera.
9.- Incrementos salariales más altos en sectores feminizados, con el fin de que los trabajos de igual valor sean pagados equitativamente.
ELA está dispuesta a compartir con el Gobierno de Navarra sus propuestas, siempre que se establezca adecuadamente la dimensión del problema; y a llevar dichas propuestas a las mesas de negociación colectiva y a negociar y concretar medidas para neutralizar la brecha salarial.
También contra la brecha salarial, el camino es la organización y lucha de las mujeres
La organización y la lucha de las mujeres son imprescindibles para defender unas condiciones de trabajo y de vida dignas y superar la brecha salarial.
Las mujeres que día a día luchan nos muestran el camino. Las trabajadoras de la casa de Misericordia de Iruña, entre otras, son una referencia ineludible.
Por otra parte, ¡la brecha salarial es una razón más para que las mujeres nos plantemos ante este sistema el próximo 8 de Marzo!
